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Cuando en un juicio intervienen acusados ​​con un nivel de competencia limitado en las lenguas del juicio (castellano o catalán, en nuestro caso), la interpretación es esencial para garantizar el derecho a la defensa y a la información, entre otros derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen en los juzgados de Barcelona a menudo distan de la calidad mínima que se podría esperar y ponen en peligro estos derechos, tal y como constatan los estudios desarrollados en el marco del proyecto TIPp liderado por Carmen Bestué y Mariana Orozco (véase, por ejemplo, Arumí y Vargas-Urpí, 2018; Bestué, en prensa; Orozco-Jutorán, 2019; Vargas-Urpí, 2017).

Entre los principios recogidos por los códigos deontológicos en la interpretación judicial, hay dos que son clave: la precisión, según la cual un intérprete debe interpretar todo lo que se dice sin omisiones, adiciones ni cambios en el significado; y la imparcialidad, según la cual un intérprete no puede intervenir con su opinión o aportaciones propias.

Este estudio analiza el corpus del proyecto TIPp, formado por 55 juicios celebrados en diferentes juzgados de Barcelona en el que hubo interpretación al inglés (19 juicios), al francés (9) o al rumano (27). En este caso, se han analizado teniendo en cuenta la «voz propia» del intérprete: es decir, todos aquellos casos en que el intérprete interviene en el juicio no para interpretar lo dicho, sino para aportar información propia. Las intervenciones con voz propia se han clasificado en «justificadas», si sirven para pedir una pausa para interpretar o para confirmar alguna parte de la información que hay que interpretar, entre otros; y en «no justificadas» si se utilizan para dar consejos o instrucciones a los acusados, para responder en nombre de los acusados ​​o para proporcionar más información que la que había en el mensaje original de los otros participantes.

El siguiente ejemplo muestra un caso de voz propia no justificada en el corpus de juicios de rumano, dado que la intérprete (I) añade información en el primer turno y contesta directamente una pregunta del acusado (A) en el segundo turno, cuando hubiera tenido que interpretar la pregunta del acusado y dejar que fuera el juez (J) quien la contestara.

Extracto 6.
J: Vamos a ver. Mire. Dígale que tenemos dos opciones: o celebramos el juicio o podemos, o puede aceptar una pena que sería de ahhh, 8 meses de multa con cuota diaria de 3 euros. Tiene que decidir si quiere hacer el juicio o quiere aceptar esta pena.

I: Acum asculți. Atent. Și îți zic. Sau facem procesul și îți dă altă pedeapsă sau facem o înțelegerea pe care ai vorbit-o cu domnul avocat și rămâne în 8 luni de amendă a câte 3 euro pe zi care sunt 720 de euro. Ce vrei să facem?
[Ahora, escucha. Atiende. Y te lo digo. O hacemos el juicio y te damos otra sentencia o hacemos el acuerdo que has hablado con el abogado y se queda en 8 meses de multa de 3 euros al día, que son 720 euros. ¿Qué quieres que hagamos?]

A: Și astea 8 luni să le fac în pușcărie?
[¿Tendré que ir a la cárcel durante estos 8 meses?]

I: Nu. Plătești amendă, ți- am zis.
[No, sólo pagas la multa. Ya te lo he dicho].

En el corpus analizado, la voz propia no justificada es más frecuente que la voz propia justificada en dos combinaciones lingüísticas (inglés-castellano / catalán y rumano-castellano / catalán), tal como se observa en la Figura 1.


Figura 1. Frecuencia media de las intervenciones con voz propia por hora bilingüe

Estas frecuencias, especialmente alarmantes en el caso del rumano, cuestionan la imparcialidad de los intérpretes y son un ejemplo más de la falta de profesionalidad en este ámbito, a pesar de que la interpretación sea una herramienta básica de garantía de derechos procesales.