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El informe analiza la legislación y la jurisprudencia españolas, así como la práctica administrativa (protocolos, planes de actuación, etc. de las autoridades nacionales y autonómicas) en relación a los tres ámbitos objeto de estudio.

Como puntos a mejorar, los investigadores indican la necesidad de contar con bases de datos más completas que permitan relacionar las que se incluyen en el Consejo General del Poder Judicial con las de otros organismos. También destacan las dificultades económicas que impiden la creación de tribunales especializados para juzgar delitos por violencia de género y piden agilizar la implementación del programa de vigilancia de las persones agresoras mediante dispositivos electrónicos para aumentar su eficacia. Sobre los delitos de género contra mujeres extranjeras, observan una falta de información al respecto.
 
Los expertos en derecho de la UAB reclaman que se mejore la transposición a la legislación española de las directivas europeas contra la discriminación, para actuar de manera coordinada con otros estados miembros en la regulación anti-violencia y la protección a las víctimas. Igualmente, hacen un llamamiento a regular mejor tanto la penalización del turismo sexual que afecta a la infancia y de los matrimonios forzados, así como las definiciones y políticas de prevención y represión de la violencia contra el colectivo LGTB (colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
 
Como aspectos positivos, el estudio destaca la Ley Integral contra la Violencia de Género y los planes de las comunidades autónomas, así como la existencia de la orden de protección de las víctimas de este tipo de violencia. También resalta la jurisprudencia, tanto de los tribunales ordinarios como del Tribunal Constitucional, que ha sido muy importante en la interpretación y aplicación de esta normativa.
 
El estudio enumera una serie de “buenas prácticas” que se han llevado a cabo en los últimos años en España para combatir la violencia de género, y respecto de los delitos contra la infancia y el colectivo LGTB, como por ejemplo la adopción de protocolos para prevenir la mutilación genital femenina; la creación de observatorios de violencia de género y de la infancia; la formación especializada a los profesionales que trabajan en estos ámbitos; la creación de tribunales especializados en violencia de género; la creación de un registro unificado sobre abusos a los niños y la adopción en Cataluña de un plan interdepartamental contra la discriminación por razones de orientación sexual.
                                                       
El estudio sobre España forma parte de un informe europeo elaborado  en el marco del proyecto Daphne de la Comisión Europea, que comprende el análisis de todos los países miembros de la Unión Europea. Bajo el título Feasibility study tono assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence el estudio europeo examina la legislación, la jurisprudencia y la práctica administrativa en estas materias para detectar similitudes y diferencias entre países, a partir de las “buenas prácticas” detectadas por el equipo de investigación de cada país. El objetivo es prever posibles armonizaciones legales y definir las posibilidades de reformas, para que la regulación jurídica de estos delitos y la interpretación hecha por los tribunales sean acordes de acuerdo con los parámetros establecidos en el marco internacional.
 
El proyecto ha sido gestionado por la organización Human European Consultancy y el equipo de coordinación de la investigación comprende investigadoras e investigadores de la University of Osnabrück, London Metropolitan University y Tilburg University.
 
El informe europeo indica que todos los países de la UE han ratificado los principales textos de referencia del derecho internacional y destaca el papel que puede jugar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ahora que el Tratado de Lisboa le ha otorgado fuerza jurídica de tratado. Sin embargo, constata una falta de visión integral sobre el tratamiento que tienen que recibir las víctimas de violencia e importantes diferencias en cuanto a las regulaciones penales entre países, tanto entre sí como respecto de su adecuación a los estándares internacionales.
 
Los expertos hacen un llamamiento a mejorar estas regulaciones para no generar diferencias de trato desproporcionadas y garantizar una protección similar a las víctimas cuando ejercen el derecho a la libre circulación dentro de la UE. Entre los ejemplos de estas diferencias regulatorias, mencionan la violencia sexual, el acoso, el tráfico de personas con finalidad de explotación sexual, los matrimonios forzados, el turismo sexual, la violencia contra los niños, el abandono de niños, las mutilaciones sexuales o la prevención y la represión de la homofobia.
 
El informe comprende también una investigación sobre los factores que pueden llevar a las personas a cometer delitos de este tipo. Conocer más a fondo el fenómeno de la violencia contra las mujeres, los niños y el colectivo LGTB, indica el estudio, puede resultar de utilidad a la hora de desarrollar políticas para combatirlo a más largo plazo.
 
En la elaboración del informe sobre España han trabajado la profesora de la UAB Mercè Sales, los expertos en derecho Núria Saura, también de la UAB, y Ferran Rodríguez, y Caspar Visser como jurista lingüista, coordinados por la profesora Teresa Freixes. La catedrática de Derecho Constitucional de la UAB es también Catedrática Jean Monnet ad personam  en  la UAB, presidenta de la Fundación Universitaria Martí l’Humà, experta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y directora del Joint European Master in Law and Policies of the European Integration.