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En ocasiones, parece que no se haya entendido lo que significa una pandemia mundial y cuáles son los esfuerzos que diariamente, desde hace meses, se están llevando a cabo para contener esta situación de emergencia. Ha quedado claro que la sociedad y el sistema sanitario no estaban preparados para la pandemia de Covid-19 y, al enfrentarnos a ella, se han planteado problemas éticos y médico-legales, como la asignación equitativa de los recursos sanitarios, especialmente en relación con la priorización de los pacientes y el racionamiento de los recursos. Para ello, se diseñaron documentos de consenso, actualizados periódicamente, basados en criterios estrictamente médicos y valores éticos fundamentales, avalados por scores de decisiones clínicas, con el objetivo de apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas críticas.  

En todo el mundo, los profesionales de la salud han trabajado horas adicionales, e independientemente de su especialización, muchos médicos y enfermeras han sido trasladados a equipos médicos o unidades de cuidados intensivos dedicados a la Covid-19. Al menos al comienzo de la pandemia, los profesionales arriesgaron sus vidas debido a la falta generalizada de equipos de protección individual. De hecho, ha habido un claro conflicto entre el deber de los médicos de cuidar a los pacientes y sus derechos de proteger su propia salud y sus familias y seres queridos.  

A pesar de este escenario, hay quienes consideran presentar reclamaciones por presunta responsabilidad profesional médica (RPM) contra los médicos que han estado trabajando durante esta situación de pandemia. Así, de acuerdo con el marco regulatorio español, pueden ser reclamados tanto los profesionales como la Administración Pública.

En cuanto a las reclamaciones contra el profesional, creemos firmemente que, durante la situación catastrófica de la pandemia, los profesionales han prestado servicios en situaciones no convencionales, a menudo en condiciones de salud laboral inadecuadas, realizando procedimientos normalmente reservados a profesionales con cualificaciones específicas y a veces prestando asistencia en instalaciones que no se consideran centros de salud. Se ha afrontado una situación excepcional con medidas excepcionales, como la incorporación de residentes en su última fase de especialización asumiendo tareas de responsabilidad, el regreso a la actividad de profesionales jubilados e incluso la incorporación de estudiantes de medicina para tareas de soporte no asistencial. Por lo tanto, creemos que es apropiado eliminar a los profesionales sanitarios de cualquier posibilidad de reclamación  de toda RPM que implique actos relacionados con el cuidado de la infección por Covid-19, siempre que no se deriven de errores no relacionados con la situación catastrófica.

En cuanto a las reclamaciones contra la Administración Pública, el 14 de marzo de 2020, el RD 463/20206 declaró el estado de alarma en España para gestionar mejor la situación de crisis sanitaria causada por  la Covid-19. El RD se promulgó para "hacer frente a la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus". Esto significa que el gobierno español predijo un aumento de la presión sobre la atención sanitaria que constituía un escenario catastrófico. En consecuencia, creemos que hay tres obstáculos fundamentales que pueden evitar que las reclamaciones de RPM prosperen contra la Administración: 1) la pandemia por Covid-19 puede considerarse un caso de fuerza mayor (que implica paradigmáticamente la exención de responsabilidad), 2) la antijuricidad del daño, por lo que la culpabilidad debe ser probada por la parte perjudicada, lo que requiere una individualización de cada caso y hace aún más difícil probarse, y 3) la dificultad para establecer una relación causal entre los supuestos déficits en la gestión de la crisis por parte de la Administración Pública y los supuestos daños específicos causados.