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Las sequías, las inundaciones y el incremento de las temperaturas derivados del cambio climático no son las únicas amenazas a las que deben hacer frente los agricultores con cultivos de riego. El precio de los fertilizantes, las dinámicas del mercado y el limitado acceso a los créditos son otras de las dificultades con las que deben lidiar para hacer económicamente sostenibles sus cultivos.
 
Así se desprende de un proyecto de investigación llevado a cabo por el investigador Marie Curie en el ICTA-UAB, Sergio Villamayor-Tomas que pretende comprender la gestión que las comunidades locales hacen de los recursos naturales como la irrigación, la silvicultura o la pesca, desde una perspectiva de la justicia ambiental.
 
La investigación, llevada a cabo en México junto al Dr. Gustavo García López de la Universidad de Puerto Rico, analizó la capacidad de los agricultores de regadío para adaptarse a las sequías y si su pertenencia a las asociaciones de usuarios de agua y ejidos (regímenes comunales de tierra) lo facilita.
 
La investigación desveló que la adaptación de los agricultores a los problemas que afectan el uso del agua es mucho mejor si las asociaciones de usuarios del agua trabajan de forma adecuada, ya que éstas les facilitan el acceso a información, a arreglos para aumentar la eficiencia en el reparto y uso de agua y a las subvenciones económicas. El estudio desvela sin embargo, que los problemas de agua son peor gestionados por quienes cultivan en tierras comunales que por quienes lo hacen en tierras privadas, ya que las primeras son más pequeñas y tienen menos recursos. Asimismo, destaca que la capacidad de estas asociaciones se ha visto muy socavada por las políticas de liberalización y las reformas sobre la tierra aplicadas en las últimas décadas.
 
Más recientemente, Villamayor-Tomas junto con García-López ha finalizado un artículo que explora cómo la participación de las comunidades locales de gestión de recursos naturales en acciones reivindicativas y movimientos de justicia ambiental afecta al modo en el que dichas comunidades gestionan los recursos. Para hacer eso, sintetizaron los hallazgos de 81 estudios de casos en todo el mundo.
 
Los resultados muestran que uno de los efectos más importantes de los movimientos en las comunidades es la defensa de sus derechos a usar y administrar sus recursos contra las diferentes amenazas. Estas amenazas abarcan no sólo la intrusión de grandes actores de uso de recursos (grandes empresas madereras y de pesca…) y proyectos extractivos a gran escala (transferencias de agua o proyectos mineros) en los territorios de las comunidades, sino también políticas de privatización y conservación gubernamentales que restringen el acceso de las comunidades y la forma en la que administran los recursos.
 
Curiosamente, la movilización de las comunidades locales contra esas amenazas no sólo puede garantizar su uso y derechos de gestión, sino también beneficios a más largo plazo para la gestión comunitaria de los recursos. Esos beneficios incluyen la democratización de los procesos de decisión colectiva de las comunidades, la revitalización de los vínculos de identidad y el conocimiento ecológico local, la puesta en práctica de proyectos de desarrollo comunitario,  o la creación de organizaciones anidadas (de segundo orden) para la gestión de los recursos. Explorar esos posibles efectos a más largo plazo sería el siguiente paso para conectar aún más la justicia ambiental y las ayudas para la gestión basada en la comunidad de los recursos naturales.
 
Los próximos 20, 21 y 22 de Junio Villamayor-Tomas, García-Lopez y Giacomo D’Alisa (Universidad de Coimbra) recibirán en el ICTA-UAB alrededor de 30 investigadores internacionales en el “Workshop on Social Movements and Commons: A Virtuous Circle?” (Taller sobre Movimientos Sociales y Comunes: Un círculo virtuoso?”; https://www.iasc-commons.org/event/ws- social-mobilization-commons/). En el taller reflexionarán sobre las interacciones entre los movimientos de justicia ambiental y la gestión comunal de recursos naturales, infraestructuras verdes y otros espacios urbanos, y servicios públicos.

Los investigadores han preparado un vídeo en el que explican su estudio (ver referencias)